Las comunidades de montes reinvertirán en sus terrenos el 35% del beneficio de las talas

Miembros de la comunidad de propietarios arousana de San Vicente podando árboles.

La Xunta modificará la gestión de las 3.000 entidades que hay en Galicia

Las 3.000 comunidades de montes vecinales que hay en Galicia tendrán que reinvertir en su territorio un porcentaje mayor que el actual de los beneficios que obtienen por la corta de madera. La regulación vigente sitúa esa obligación en el 15%, una vez pagados los impuestos, pero el departamento que lidera Samuel Juárez, que tiene las competencias en materia forestal, pretende que ese retorno al monte se coloque en el 35%, lo que reduciría el reparto de beneficios entre los vecinos y el dinero para obras sociales en la comunidad. Así consta en el borrador de Lei de Montes, un texto que la Administración está consensuando con el sector, y que podría sufrir variaciones en el futuro. Preguntada por sus objetivos con la nueva norma, Medio Rural ha declinado hacer valoraciones al entender que todavía no se ha concretado el anteproyecto. Sin embargo, el borrador, al que ha tenido acceso este diario, sí deja clara una voluntad de la Administración autonómica por introducir mejoras sustanciales en la gestión de los montes vecinales. La medida no es baladí. De los 2,1 millones de hectáreas de superficie forestal con que cuenta Galicia, 674.000 hectáreas se corresponden con montes vecinales, que agrupan a 150.000 propietarios. Aproximadamente un tercio de los montes comunales -mil- se hallan en estado de abandono.

La Xunta busca un mejor aprovechamiento de las comunidades, y para ello, según consta en el documento para la reforma legal, también les exigirá un plan de gestión. Donde el borrador no deja lugar a la duda es en el régimen jurídico, que seguirá siendo el mismo y que está marcado por la vigente Lei de Montes Veciñais, de 1989. Esto disipa cualquier atisbo de duda que había surgido en ámbitos del sector, que erróneamente temían que el departamento que lidera Samuel Juárez privatizase esta figura. Como novedad que afecta también a los comuneros, el borrador establece otra modificación: el dinero de las expropiaciones (con motivo de obras declaradas de interés o de infraestructuras como parques eólicos) no podrá repartirse entre los vecinos y deberá retornar al monte con la adquisición de nuevas parcelas. Solo si se demuestra que esto no es posible habrá beneficios entre los propietarios. Otro de los cambios que incluye el texto que dará pie a la nueva ley es la intención de la Xunta de delimitar las competencias en materia de gestión. El borrador recuerda que esta es una atribución exclusiva de la comunidad autónoma y anuncia, en una disposición transitoria, que habrá que derogar todas las ordenanzas municipales que invadan sus competencias. En los últimos años, numerosos ayuntamientos se han lanzado a regular aspectos sobre plantaciones, usos de especies, cortas y aprovechamientos forestales. En relación a la futura ley también se ha pronunciado en los últimos días Unións Agrarias, que conmina a la Xunta a aprovechar la nueva norma para resolver los problemas que genera el ganado mostrenco, que está detrás de muchos conflictos con comunidades de montes.

La organización considera que Medio Rural debería concretar a quién le corresponde el decomiso del ganado que se encuentra en situación irregular, un problema que resuelven vecinos y concellos sin medios.

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