La Federación de Aserraderos y Rematantes de Madera de Galicia (Fearmaga), Monte Industria y el Cluster de la Madera critican Lei do Solo

La Federación de Aserraderos y Rematantes de Madera de Galicia (Fearmaga), Monte Industria y el Cluster de la Madera denunciaron que el anteproyecto de Ley del Suelo sitúa al sector "en la peor de las situaciones" al permitir que los 315 ayuntamientos de la comunidad elaboren sendas ordenanzas municipales que regulen los usos del suelo rústico directamente vinculados con el aprovechamiento forestal. En un comunicado, las tres organizaciones recordaron que las competencias sobre los montes y sus aprovechamientos forestales están restringidas a las administraciones estatal y autonómica "sin que pueda inmiscuirse la Administración local".

Precisamente, condenan que el documento pretenda reconocer esa competencia a las entidades locales, actuación que califican de "minifundismo administrativo" por considerar que favorecerá la existencia de regímenes, criterios y políticas forestales distintas en los 315 ayuntamientos. Sobre este punto, señalan que a los problemas derivados del minifundismo de la propiedad se suma éste nuevo.

Los empresarios del sector entienden que el anteproyecto de ley "se extralimita" en la regulación de la actividad forestal "especialmente en suelo rústico". Así, demandan que las actividades forestales estén sujetas "únicamente" a lo dispuesto por la legislación sectorial autonómica, que a su vez se enmarca en la ley básica estatal.

En esta línea, atribuyeron la actual situación al hecho de que no exista una ley de montes gallega consensuada entre todas las fuerzas políticas que regule las actividades forestales y defienda al sector.

Las tres organizaciones aseguraron que el sector se siente "discriminado" y que, así, a las dificultades derivadas de la crisis económicas y de la madera derribada por el ciclón 'Klaus' se suma la proliferación de ordenanzas municipales que regulan esta actividad en los municipios gallegos.

Según afirmaron, en Galicia existen más de 70 ordenanzas municipales que regulan las labores de corta, saca y transporte de la madera. Con la futura Ley del Suelo ese total ascenderá a 315.

Todo, añadieron, a fin de "llenar las arcas municipales" mediante la regulación de la actividad forestal "según convenga a cada ayuntamiento". A su juicio, lo único que se conseguirá es acabar con la principal actividad productiva en suelo rústico de protección forestal y hacer peligrar 26.000 puestos de trabajo.

Por ello, reiteraron la importancia de elaborar una ley de Montes consensuada con el sector y todas las fuerzas políticas y consideraron que la Consellería de Medio Ambiente no se debe "extralimitar" con leyes sectoriales "que no le corresponden".

Al mismo tiempo, lamentaron que la Consellería de Medio rural "no sea capaz de velar por los interés del monte gallego". "El sector gallego viene solicitando una Ley de Montes desde hace tiempo que no llega y que, cuando llegue, no podrá actuar ya en cuestiones como ésta", aseguraron.

Asimismo, reclamaron que se hagan valer las competencias sobre aprovechamientos forestales y los intereses de la actividad maderera que el Estatuto de Autonomía de Galicia y la Constitución Española le confieren en exclusiva a la Consellería de Medio Rural. En este sentido, incidieron en que se sienten discriminados frente a otros sectores económicos y consideraron que un sector estratégico para Galicia "no puede estar luchando siempre contra las trabas que pone la Administración".