Galicia fracasa en su intento de unir los montes para hacerlos rentables
Cuarenta proyectos para crear unidades de gestión
al amparo del decreto del 2008 no han llegado a concretarse
La comunidad gallega tiene en la estructura minifundista de la propiedad forestal un viejo problema que lastra la rentabilidad del monte, cuyo estado de abandono dispara el riesgo de incendios cada verano. En el año 2008, de la mano del ex conselleiro nacionalista Suárez Canal, entró en vigor la primera figura jurídica que quiso atajar un mal endémico del bosque gallego: la agrupación de propiedades. Así nacieron las unidades de xestión forestal (Uxfor), que fueron recibidas con cierta esperanza por el sector. Dos años después, ninguna de las 40 iniciativas que empezaron a fraguarse al amparo de aquel modelo se han llegado a concretar.
Entre las razones que explican este fracaso hay varias versiones. Desde el cambio de Gobierno en la Xunta hasta problemas de desarrollo en la propia figura jurídica impulsada por el bipartito. Tomás Fernández-Couto, director xeral de Montes, asegura que comparte la filosofía del modelo impulsado por sus antecesores, pero advierte de que deben hacerse algunos cambios para convertirlo en un instrumento más ágil y eficaz. De hecho, el departamento que lidera Samuel Juárez ultima ahora una reforma de esta figura, que presentará en las próximas semanas.
«Nosotros estamos de acuerdo con lo que persiguen las Uxfor, pero creemos que son una fórmula inadecuada porque constituyen una figura de derecho administrativo, lo que tiene muy difícil encaje en el mundo forestal; es preferible encuadrarse en el derecho de sociedades por cuestiones fiscales y de futura venta de la madera, que es lo que da sentido a estas unidades», precisa el director xeral de Montes. Ninguno de los 40 proyectos que se fraguaron al resguardo de este modelo han llegado a presentar la documentación necesaria -tal y como establece el decreto de las Uxfor - para registrar la solicitud. Entre los requisitos, por ejemplo, está la presentación de un plan de gestión forestal.
Medio Rural también considera que las unidades diseñadas por el bipartito tenían un segundo problema: la inclusión de montes vecinales, que tienen de por sí su estatus legal. Otra de las críticas hechas desde el sector ha sido el diseño asambleario de estas figuras, que hacen difícil el acuerdo entre muchos propietarios. La Xunta, en cambio, no cree que este sea el problema. «La posibilidad de que los dueños de terrenos tengan voz en lo que va a ocurrir con sus parcelas está vigente en otros modelos de sociedades», recuerda Tomás Fernández-Couto.
Las industrias forestales gallegas, los aserraderos y los rematantes ya hicieron en su día un paquete de alegaciones para mejorar la iniciativa diseñada por el ex conselleiro Suárez Canal, al que agradecieron su esfuerzo por articular el primer modelo encaminado a romper con la estructura minifundista de la propiedad forestal, la principal causa que explica la escasa rentabilidad del monte y su estado de abandono. Un tercio del bosque gallego es improductivo para las industrias. El Plan Forestal de Galicia, aprobado en 1993 por unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias, preveía una inversión anual en el monte equivalente al 3% del PIB. Desde entonces hasta ahora se ha incumplido año tras año.
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